Los involucrados en la trama presuntamente explotaban económicamente, de manera encubierta, el coto social, que operaba como un coto un privado con ánimo de lucro. El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres que ha trabajado en la Operación WATERLIFE ha llevado a cabo una investigación que comenzó de manera imprevista a mediados del mes de noviembre de 2024.
Los agentes del SEPRONA identificaron a varios individuos que practicaban la caza con galgos dentro del coto social. No estaban inscritos como socios, pero mostraron un permiso colectivo que supuestamente les habilitaba para practicar la caza con galgo. Estos fueron los primeros indicios que llevaron a sospechar a los agentes a que se estaban produciendo posibles irregularidades en la gestión del terreno cinegético.
No tardaron en identificar a varios grupos de cazadores procedentes de otras provincias, con sendos permisos supuestamente válidos que habían sido expedidos por la sociedad local de cazadores. No se tardó en comprobar que los permisos carecían de validez legal, ya que los titulares no formaban parte de dicha sociedad, lo que se convierte en requisito indispensable para ejercer la caza en un coto social.
En zonas de caza limitada
A la investigación se sumó el hecho de que agentes del Puesto de la Guardia Civil de Sierra de Fuentes (Cáceres), comprobaron que se llevaban a cabo actividades cinegéticas sobre aves migratorias en una zona de caza limitada, donde la normativa autonómica prohíbe expresamente la modalidad practicada de caza de zorzales desde puesto fijo, lo que llevó a incluir en las pesquisas la investigación de seis personas por supuestamente cometer un delito de caza.
Registrados socios que habían fallecido
Entre los hechos investigados más llamativos, la Guardia Civil destaca que durante el proceso indagatorio revelaron que la sociedad local de cazadores había inscrito en el registro autonómico a numerosos socios sin su consentimiento y sin que tuvieran conocimiento de su inclusión; otros de los socios inscritos incluso llevaban varios años fallecidos. Algo que los agentes han revelado como evidencias acerca de un posible beneficio económico irregular del coto social, que operaba realmente como un coto privado.
