El furtivismo, la peor lacra que amenaza la conservación de las especies. Estos ilegales abaten animales que los cazadores gestionan, cuidan y conservan siempre con la perpetuación de la especie como objetivo. Esto destruye todos los esfuerzos de los gestores cinegéticos, como acaba de suceder en Jerez de la Frontera.
Ha sido el resultado de la operación ‘Lodacan’, llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil, con dos personas investigadas y acusadas de abatir de manera ilegal un ejemplar de Capreolus capreolus (corzo) de alto valor medioambiental. Solo con ver el trofeo recuperado por la Benemérita nos damos cuenta de que se trata de un animal de unas características morfológicas excepcionales.
Un presunto furtivo que compartió fotos junto al corzo abatido ilegalmente
Esta operación comenzó con la denuncia presentada por parte del guarda de una conocida finca cinegética del término municipal de Jerez que manifestó que un ejemplar de corzo, que tenían muy controlado por ser el más destacable de la zona, llevaba días sin poder ser localizado, siendo probable que hubiera sido cazado de manera ilegal, aportando fotografías del animal vivo. Estas fotografías resultaron cruciales para continuar con la investigación hasta detectar al animal, que efectivamente había sido abatido de manera ilícita. Pronto encontraron una imagen en la que aparecía una persona que posaba con un corzo abatido de similares características al del ejemplar que aparecía en las fotos aportadas por el denunciante. Esta imagen, junto a las aportadas por el guarda, fueron remitidas a la Unidad Técnica del Ucoma en Madrid para que, a través de las características morfológicas observadas en las cornamentas, emitieran un informe pericial de comparación e identificación que permitiera concluir que tanto el corzo de la imagen que aparecía junto al cazador como el de las imágenes aportadas por el denunciante correspondían al mismo ejemplar.
Un acto de furtivismo valorado en casi 70.000 euros
Tras esto, solo había que identificar al varón que aparecía en aquella fotografía y proceder a investigarlo como como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna. Las primeras respuestas del investigado fueron alegar que el animal había sido cazado de manera legal, aportando un precinto para caza mayor de la Delegación Territorial de Medio Ambiente en Cádiz, así como el testimonio de un testigo que manifestó haber invitado a cazar el citado animal en el coto de su finca. Pero esto se desmontó pronto, pues la Guardia Civil confirmó que el precinto aportado no era válido y que ninguna de estas personas estaba autorizada a cazar en el coto donde alegaban que habían abatido al animal, por lo que se demostró que este testigo había faltado a la verdad de manera consciente e intencionada, procediendo a investigarlo como presunto autor de un delito de encubrimiento.
El trofeo ha sido recuperado por los investigadores. Ahora está a disposición de la autoridad judicial para apoyar la investigación. Cuando el proceso judicial concluya, será devuelto a su legítimo propietario, pero esto no subsanará el daño medioambiental causado, que ha sido valorado económicamente en 69.701 euros.
